El Servicio Público Provincial de Defensa Penal adhiere a la conmemoración de este jornada que reconoce los esfuerzos sociales, políticos y culturales contra todo tipo de violencia y afectación a los Derechos Humanos por parte del Estado.

Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, se define a la tortura como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”

El SPPDP cuenta actualmente con una serie de herramientas,  que sirven tanto para el apoyo y acompañamiento de la víctima de tortura, como así también para la detección y denuncia de los hechos cometidos por agentes estatales. Entre otros, el Registro Público Provincial de Violencia Institucional, cuyo informe correspondiente al período 2018 fue publicado reciententemente; y el Protocolo de Asistencia y/o Asesoramiento a Víctimas de Violencia Institucional y Demás Afectaciones de Derechos Humanos, que fuera aprobado por Resolución nº 15/18 de la Defensora Provincial.