El 25 de Noviembre se reivindica el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 mediante resolución A/RES/54/134. Su origen se remonta a la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres mujeres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

Vale destacar, que este avance para el activismo por la igualdad de género se logró en un contexto donde, no obstante el avance normativo internacional sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres -Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer-, se observaban múltiples obstáculos para el pleno disfrute y ejercicio de los mismos.

Desde el Servicio Publico de la Defensa Penal consideramos que es de suma importancia visibilizar las especiales formas de violencia institucional que padecen las mujeres y personas LGBTTI+ privadas de libertad, como así también los procesos de criminalización discriminatoria y victimización secundaria que atraviesan en sus contactos con el sistema penal, los que han sido puestos de manifiesto en las Recomendaciones N.º 33 y N.º 35 de la CEDAW.

En un contexto donde predominan los enfoques punitivistas y carcelarios respecto del abordaje de las violencias por motivos de género, como operadores/as de la justicia tenemos el deber ético y constitucional de trabajar en pos de dar mejores respuestas. Tenemos la convicción que desde una perspectiva de derechos humanos es necesario avanzar en nuevas intervenciones, estrategias e ingenierías institucionales que propicien un abordaje preventivo, integral, transdisciplinar e intersectorial de las violencias por motivos de género en sus múltiples tipos y manifestaciones.