Cada 17 de Mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que conmemora la fecha en que la Organización Mundial de la Salud -OMS- eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades que hasta ese entonces ocupó.

En los últimos años el Estado argentino ha llevado adelante una impronta vanguardista en materia de reconocimientos de derechos de este colectivo. En este aspecto, promulgó la Ley N.º 26.734 de Identidad de Género. En tanto, se cumplen once años desde que se legalizó el casamiento entre personas del mismo sexo.

No obstante, continúan vigentes vestigios estigmatizantes y criminalizantes por la mera orientación sexual de las personas, que son la raíz de una problemática sumamente compleja. Por ello, es necesaria la participación de distintas áreas del Estado, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, que efectúen una intervención activa ante situaciones de este tipo.

Entre las acciones y políticas dispuestas por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, vale destacar el “Instructivo en materia de derechos del colectivo LGBTQIA+", tendiente a garantizar el efectivo reconocimiento de sus derechos. Asimismo, es preciso resaltar la incorporación en los Estándares de Defensa Técnica, pautas y reglas generales aplicables a personas privadas de su libertad, comprendidas en estos grupos en especial condición de vulnerabilidad. Los estándares, que son instrucciones generales dictadas por la Defensoría Provincial, son de cumplimiento obligatorio para todas/os las/os integrantes de la Defensa Pública, armonizando con la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. Además, el “Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones a los Derechos Humanos”, al momento de tomar razón de los distintos casos, permite la identificación de aquellas víctimas que resultaron agredidas por agentes del Estado por su mera orientación sexual.

También preocupa a la Defensa Pública la vulneración de los derechos que padecen las personas pertenecientes a distintos colectivos al momento de la privación de su libertad. Generalmente, tanto el servicio penitenciario como las fuerzas de seguridad determinan el destino o alojamiento de las personas exclusivamente a partir de una lógica binaria “varón-mujer” que no contempla otras particularidades. Al respecto, las/os defensoras/es como las/os integrantes del "Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe", intervienen activamente en cada caso evaluando las acciones a desplegar y bregando por que cada interna/o pueda transcurrir su encierro en condiciones dignas.

Desde el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública organizamos en 2020 los cursos de capacitación “Defensa Pública con perspectiva de género” y “Defensa Pública con perspectiva de género -con orientación jurídica”, en el marco de la Ley Micaela. De este modo, el SPPDP llevó adelante una ambiciosa política de formación de todas/os sus agentes en perspectiva de género que invitó a reflexionar sobre las prácticas y discursos que los Estados habilitan para deconstruir estereotipos violentos y represivos que existen al día de hoy contra el colectivo LGBTQIA+.

Por lo expresado, el SPPDP recuerda que en un Estado de Derecho, el respeto a la diversidad en todas sus formas resulta vital para garantizar la igualdad de las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género; sobre todo las comprendidas en los grupos en especial situación de vulnerabilidad. Resulta fundamental transversalizar la perspectiva género para establecer una comunidad que erradique los prejuicios y estigmatizaciones contra el colectivo LGBTQIA+, respete las diferencias y, de esta forma asegure un futuro digno para sus integrantes.