Desde la sanción del reglamento 641 que disponía los mecanismos de destitución para defensores y fiscales el final de hoy en la legislatura se veía cantado, como la “crónica de una muerte anunciada”. Unos meses atrás, el propio Enrique Font había dicho públicamente que este reglamente no sólo estuvo hecho a medida de Gabriel Ganón sino que, además, era a la medida de su mortaja.

De nada sirvieron los cientos de apoyos recibidos por todo el espectro de organismos de derechos humanos, sindicatos, personalidades del derecho, la cultura, la política y las tantas víctimas de violencia institucional a las que Ganón supo asistir durante su mandato. De nada valió la farsa de audiencias que se montaron como un tribunal stalinista, donde el Defensor Provincial se defendió de las denuncias y hostigamientos del Senador provincial Lisandro Enrico durante tres jornadas y más de diez horas de exposición. Tampoco ayudaron los testimonios ante legisladores de la Comisión de Acuerdos, de las víctimas representadas por la Defensa Pública quienes destacaron el trabajo y la dedicación mostrada por el titular del Ministerio Público de la Defensa en estos cinco años de gestión.

En un proceso viciado desde el arranque -ya que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para sancionar un reglamento de estas características-, a la hora de emitir su voto los legisladores que llevaron a cabo este atropello institucional lo hicieron pensando sólo en la necesidad de escarmentar con saña a aquel que se animó a decir las cosas que en Santa Fe, desde hace muchos años, muy pocos o nadie manifestaba, por lo menos nadie con el rango institucional que tenía el Defensor Provincial.

Durante la lectura del dictamen establecido por la Corte Canguro simbolizada en esta Comisión de Acuerdos de la legislatura santafesina, pudo escucharse que el Defensor Provincial “subvirtió el orden establecido”. Si los representantes del voto popular santafesino piensan que “subvertir el orden establecido” son las denuncias de un funcionario judicial de tres desapariciones forzadas, cientos de personas torturadas por parte del aparato de seguridad provincial y gran cantidad de pibes ejecutados y asesinados por la policía, trastocar ese precepto permitiría progresar significativamente en un freno a la impunidad reinante.

Al mismo tiempo, el dictamen también indicaba que el Dr. Ganón resulta un ser “mesianico”. Habrá que ver que interpretan con ese término los legisladores. Recepcionar a las víctimas y familiares de estas, brindarles asesoramiento, luchar por sus derechos de acceso a la justicia, ir hasta las últimas consecuencias -que como sucedió hoy terminó con esta resolución inédita y peligrosa- son parte de un “mal desempeño” para esta legislatura santafesina que dañó a una institución autónoma.

Las denuncias realizadas por Gabriel Ganón durante todo este tiempo pusieron al desnudo la corrupción, las torturas como modus operandi, la administración del delito y la garantía de impunidad por parte de la fuerza policial provincial, con clara connivencia y tolerancia del poder político y judicial, no fueron aceptadas ni toleradas por la corporación política que gobierna Santa Fe.

A los hostigamientos reiterados se sumaron la persecución personal e ideológica del Defensor Provincial sólo por llevar adelante su trabajo con el compromiso que toda la Defensa Pública debe tener. Así, fue forjada una defensa plena en la vigencia por los Derechos Humanos de todos las santafesinas y santafesinos y, sobre todo, de los sectores sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad.

Seguramente en muchos despachos del poder santafesino estén festejando esta “victoria” pírrica ya que para obtenerla no vacilaron en vulnerar y violar los mandatos de la Constitución Nacional, Provincial, los tratados internacionales firmados por la Argentina y a los fallos y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con la Defensa Pública, la libertad de expresión y la autonomía de los defensores de Derechos Humanos.

La baja calidad institucional de la provincia de Santa Fe quedó demostrada una vez más. El daño que se produjo hoy en la provincia será muy difícil de remontar y será tarea de futuras administraciones intentar devolver un poco de credibilidad al sistema político y judicial que hoy naufraga sin rumbo y como el uróboro mítico se come a sí mismo mientras piensa que sacia su hambre.

Cuando al final de la obra los personajes se sacan las máscaras y las imposturas, lo que se ve públicamente, lo que queda en el registro histórico, es lo que realmente han hecho y lo producido se medirá por sus consecuencias. Hoy en día Santa Fe es la provincia más violenta de la Argentina, la ciudad de Santa Fe ostenta el mayor índice de homicidios del país pero, sin embargo, y más allá de rimbombantes declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, la desidia y liviandad oficial para con el tema es de una supina ignorancia y falta de compromiso.

La pregunta que deberían hacerse los conspiradores es qué fue lo que les molestaba de Gabriel Ganón y así encontrar la respuesta de sus propias miserias y complicidades. Porque el problema no es Gabriel Ganón, el problema es que ni bien salen del cerco de protección provincial ellos quedan desnudos y sólo va a hacer falta un cuerdo que les advierta que la farsa, en algún momento se devela.