La Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de su Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe con las conclusiones de la visita realizada la provincia de Santa Fe por miembros del organismo internacional, donde mostró su preocupación acerca de la “debilidad de la defensa pública que estaría directamente relacionada con su falta de independencia y de políticas específicas para mejorar su peso en el sistema”.

En septiembre último, una delegación compuesta por el Presidente de la CIDH y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, James Cavallaro y por personal de la Secretaría Ejecutiva, realizó una visita al país para monitorear la situación de derechos humanos de las personas en condición de encierro como así también los principales avances del Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva. Las inspecciones fueron realizadas a unidades penitenciarias y comisarías de la Provincia de Santa Fe, (donde se entrevistó con el Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón y otros funcionarios judiciales y del ejecutivo), Mendoza, Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Días atrás, la CIDH hizo públicas las conclusiones de dicha visita, entre las que se destaca su preocupación por la falta de autonomía funcional de la Defensa Pública. En este sentido, “la CIDH llama al Estado a garantizar que las defensas públicas, tanto a nivel federal como provincial, cuenten con autonomía funcional y presupuestaria”. Así, la CIDH manifiesta que “los órganos del Sistema Interamericano han establecido que uno de los estándares fundamentales en el desarrollo de las garantías judiciales mínimas durante el proceso, es la preservación de la independencia funcional y presupuestaria de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado y de los propios jueces y agentes fiscales”.

Recuerda la CIDH que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó este año su inquietud por la situación de la Defensa Pública en el país, tanto a nivel nacional como provincial, en cuanto a su falta de independencia funcional y autarquía financiera.

Si bien la CIDH acogió con beneplácito la adopción de la Ley N° 26.827 del año 2012 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, el organismo internacional insta al Estado argentino “a adoptar las medidas necesarias para implementar el mecanismo nacional y crear un mecanismo en cada provincia, así como para dotar a los mecanismos provinciales con los recursos suficientes y el apoyo institucional necesario para ejercer su mandato de maner efectiva y con la autonomía e independencia que la naturaleza de sus funciones de monitoreo requieren”. La CIDH menciona en el documento que durante la visita recibió alegatos de entidades públicas autónomas respecto de las prácticas de torturas y malos tratos que prevalecen en los centros de detención estatales.

En cuanto a las conclusiones arribadas por Cavallaro y su equipo sobre el abuso en la utilización de la prisión preventiva como herramienta para enfrentar los problemas de “inseguridad ciudadana”, la CIDH recuerda que la misma “debe tener carácter estrictamente excepcional, y que su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”. Sin embargo, el organismo constató que más de la mitad de las personas privadas de libertad en el país se encuentran bajo el régimen de la prisión preventiva.

Sobre el último punto, la CIDH recibió información sobre políticas que plantean mayores niveles de encarcelamiento y privilegian la utilización de la prisión preventiva por sobre la implementación de medidas alternativas a la misma. “Esta situación se refleja principalmente en la promoción de la utilización de los juicios abreviados en caso de delitos cometidos en flagrancia”, explica la CIDH.

Sobre los principales hallazgos realizados en la Provincia de Santa Fe a establecimientos penitenciarios y policiales sobre afectaciones y violaciones a los derechos humanos la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad de la CIDH manifiesta “su profunda preocupación por las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad en los distintos centros de reclusión visitados, principalmente en las comisarías “las cuales generan graves violaciones a derechos humanos considerando que estos recintos no han sido diseñados originalmente, ni cuentan con las condiciones para el alojamiento de personas por períodos de tiempo prolongados”.

Las conclusiones de la CIDH en cuanto a las condiciones generales, situaciones de hacinamiento y requisas agraviantes contra internos, en establecimientos penitenciarios y carcelarios guardan seria relación con los hallazgos obtenidos por el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe desde su creación en el año 2011.

Sobre el estado de situación en unidades penitenciaria en la Provincia de Santa Fe, la CIDH advierte en su informe que fueron observadas situaciones de hacinamiento. Además, constató pésimas condiciones de detención en general. En este sentido, advirtió que en Santa Fe hay establecimientos edilicios con estructuras físicas muy antiguas, que requieren ser reparados, adecuados y mantenidos.

El informe también refiere que en establecimientos penitenciarios de Santa Fe la comida está servida en “mal estado”, que la atención médica no es la adecuada y que tampoco los internos pueden realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones generales de las comisarías, la CIDH sostiene que los establecimientos visitados en Santa Fe no “cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención” dado que son “concebidos para detenciones transitorias”. De este modo, preocupa a la CIDH “la utilización de las comisarías como centros de detención permanente deriva principalmente de la insuficiente cantidad actual de plazas penitenciarias y del respectivo abuso de la prisión preventiva”. A su vez constató “falta de luz solar e insuficiente luz artifical, ausencia de ventilación, colchones en mal estado, falta de agua caliente, humedad, instalaciones sanitarias precarias y condiciones antihigiénicas”. La delegación de la CIDH también recibió quejas de los internos de las comisarías de Santa Fe por la falta de atención médica y por la falta de calidad y e insuficiente alimentación.

Para finalizar, las conclusiones del informe también hacen hincapié en situaciones agraviantes de requisa donde las autoridades encargadas de ejecutar estos mecanismos tienen la práctica de golpear a las personas privadas de su libertad y destruir sus pertenencias injustificadamente. De esta forma la CIDH instó al Estado argentino a “adoptar medidas de control y monitoreo necesarias para asegurar que las requisas en los centros de privación de libertad sean conducidas de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, en particular que no se recurra al uso desproporcionado de la fuerza, ni se utilice el mecanismo de las requisas como forma de agredir y humillar a los presos”.

Adjunto: Comunicado N° 151 CIDH.pdf