Audio completo de la entrevista

El encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa  de la Provincia de Santa Fe, Dr. Enrique Font, brindó una entrevista al programa Una Tarde Perfecta de LT8, conducido por el periodista Leo Ricciardino, donde expresó sus opiniones sobre el acuerdo al que ha arribado el Ministerio Público de la Acusación y elMinisterio Público Fiscal de la Nación, como así también sus percepciones sobre la situación de seguridad en la Provincia de Santa Fe y la modificación al Código Procesal Penal provincial que obtuvo hace dos semanas media sanción en Senadores y esta semana comenzará a debatirse en la cámara de Diputados.

Font, expresó que “sirve y es valioso” el acuerdo firmado ayer por la Procuradora de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó,el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr.Julio De Olazábal, para crear una oficina de la Procuraduríade Narcocriminalidad (PROCUNAR) en la ciudad de Rosario. Sinembargo, lamentó la oportunidad perdida cuando hace unos años eltrabajo del Fiscal Federal a cargo de la PROCUNAR de Rosario, Dr.Juan Patricio Murray, fue “boicoteado” por el propiogobierno de la Provincia de Santa Fe, a partir del inicio de lallamada “Megacausa Monos”. Cabe destacar que en su trabajoal frente de la oficina contra la narcocriminalidad, Murray solicitóla detención del ex Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe,Hugo Tognoli y realizó una investigación sobre la ruta de losprecursores químicos que terminó con el arresto de Delfín Zacaríasy el secuestro de aproximadamente 300 kilos de cocaína. 

Por esto último, manifestó que “cuando los Fiscales federales avancen en las investigaciones y en lugar de seguir a los eslabones más bajos del mercado de cocaína de Rosario, eleven su puntería se van a encontrar con la participación y vínculo policial que generó tantas tensiones en su momento”.

En este sentido, el Secretario para la Prevención de la Violencia Institucional recordó que “la PROCUNAR había abierto una oficina en Rosario a pedido del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Procuradora le encargó en ese momento la oficina a una persona con trayectoria y dedicación como lo es el Fiscal Federal Juan Murray, quien hoy se desempeña en la Unidad Fiscal de Investigación AMIA”.  Al mismo tiempo, dijo que “incluso Jorge Barraguirre, el Procurador de la Provincia de Santa Fe había manifestado públicamente en su momento su interés para que sea la PROCUNAR quien coordine acciones con los Fiscales del por entonces viejo sistema procesal penal”.  

Así, manifestó que existió“un boicoteo” del propio Ejecutivo provincial al impedirle a Barraguirre realizar el acuerdo para que los Fiscales Federales puedan intervenir en las investigaciones de homicidios que sean de competencia provincial en los que haya algún indicio de vinculación con situaciones de narcocriminalidad. Una segunda cuestión introducida por Font tuvo que ver precisamente con el inicio de la “Megacausa Monos”, donde el por entonces Juez de Instrucción Provincial, Juan Carlos Vienna, intervino otorgando órdenes de allanamientos junto a la División Judiciales de la Policía de la Provincia de Santa Fe en lugares que estaban vinculados con el narcotráfico, que eran de competencia federal.También evocó la nota enviada en 2013 por los Fiscales Federales de la Provincia de Santa Fe al Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto,  que incluso fue tapa de los diarios, advirtiéndole sobre la gravedad de la situación que acarreaba la destrucción de búnkers de droga con topadoras y sobre los allanamientos que llevaban adelante jueces y policías provinciales “donde la respuesta del Ejecutivo inmediatamente al otro día fue voltear la causa Leandro Popea, deteniéndolo en la vía pública cuando esa investigación estaba bajo la órbita federal”. 

“Espero–dijo Font- que Lifschitz tenga la madurez que no tuvo Bonfatti en esto y que sepa que van a haber muchos policías presos. Y no hay que olvidar que la provincia retrasó esto durante tres años y fue un error gravísimo porque perdimos una oportunidad muy valiosa”. Además mencionó que “la situación político partidaria es mucho más compleja que la del 2013 y esperamos que esta vez se encare el tema con la madurez y compromiso requerido”. A su vez recordó que “cuestionamos la forma en que se retiró la PROCUNAR y las intervenciones de Berni porque justamente fueron muy condescientes en una situación que era de por sí crítica”. Sobre este punto dijo que “Bullrich lo ha dejado claro: viene a mostrar que acá hay vínculos políticos y policiales y responsabilidades en lo que es un fenómeno de narcocriminalidad y otro de violencia, que no son necesariamente lo mismo, donde el rol de la policía es central dada la delegación que le dio el gobierno provincial a la misma y en la que el gobierno no tuvo políticas de seguridad en serio y que incluso jugó en contra de estrategias que pudieron ser claves”. 

ReformaProcesal Penal

Sobrela modificación a casi cincuenta artículos del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe que vulneran y violan garantías constitucionales y que ya obtuvo media sanción en senadores y que en estos días va a comenzar a debatirse en la Cámara de Diputados provincial, el encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional responsabilizó sobre esta “reforma” al Poder Ejecutivo Provincial. En este punto, dijo que la gestión provincial,  anterior a cargo de Antonio Bonfatti y la actual, al comando de Miguel Lifschitz “nos ha llevado a un precipicio porque la situación de seguridad se ha agravado seriamente, ha sido totalmente desatendida y políticamente lo han trabajado mal, con operaciones en medios de comunicación, tirándole las responsabilidades al Poder Judicial, que crearon una neo blumberización de las políticas de seguridad que es lo que estamos viendo en este momento”. Enfatizó Font que, como consecuenciade este desinterés, aparecieron “voceros de la más rancia derecha simple y ramplona que aprovecha estos momentos y utiliza una situación tan grave como lo es la seguridad, que dejan en evidencia signos claros de autoritarismo que ya no sólo es oportunismo político”.

En el mismo aspecto dijo que “lo grave es que esto no va a resolver la situación de seguridad, porque esta experiencia ya se hizo en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y va a generar un descalabro significativo que va a traer muchos problemas a la gestión provincial”. 

Font dio como ejemplo el habeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por la Defensoría Provincial y la Defensoría Regional de la 2da.Circunscripción (Rosario) del Ministerio Público de la Defensa donde el mapa de ruta fue emular los espacios de detención en Comisarías y hacerlos lugares como deben ser: de detención transitoria de personas, en celdas más bien pequeñas y para un solo sujeto como lo indican los estándares internacionales de derechos humanos. Así dijo que “con mucho esfuerzo se había logrado ir reduciendo el cupo de presos en las comisarías de la ciudad donde la propia gestión, el Poder Ejecutivo, acompañó”. Sin embargo “hoy está básicamente yendo para atrás porque aumentó significativamente en estas dos semanas el número de personas en prisión en las comisarías por responsabilidad de senadores como Enrico, del Gobernador Lifschitz que no tiene una posición seria y honesta con el tema y de Fiscales y Jueces que van al ritmo de donde sople el viento”.

Hace unas semanas el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Julio De Olazábal, defendió públicamente estas modificaciones, que, en otras cosas, habilita a que una persona aprehendida permanezca detenida en una comisaría sin ver al juez más allá del plazo legal establecido constitucionalmente y en los estándares internacionales de derechos humanos. Font fue muy crítico de la postura del jefe de los Fiscales y dijo que de esas declaraciones “no se vuelve”. Agregó que “durante todos sus años de gestión –De Olazábal- no fue capaz de abordar la violencia institucional, de crear un área dedicada a ese fenómeno y deja su cargo diciendo que necesita más Fiscales para eso”. También mencionó que “-el Fiscal General-tuvo gestos poco esperables de una persona que tenía un discurso que alineaba las políticas judiciales con los derechos humanos y en su gestión lo que ha hecho es consolidarse y retirarse básicamente dando pena en este tema”. 

Font enfatizó sus cuestionamientos hacia los legisladores oficialistas que se han mostrado alineados con esta reforma de los artículos del Código Procesal Penal y “que levantan la mano donde el oficialismo les pide que la levanten”. De esta manera recordó el posicionamiento de la diputada del Frente Progresista Cívico y Social, Alicia Gutiérrez, quien hace aproximadamente dos semanas votó a favor del inicio del proceso de destitución del Defensor Provincial, Gabriel Ganón, en contra de todos los organismos de derechos humanos y las víctimas que apoyan el trabajo realizado por la Defensa Pública. 

Para finalizar, Font dijo que “con esta situación vemos torpeza, porque las marchas terminan siendo lo graves que son por dos cuestiones: primero por la materialidad del fenómeno o sea hay una situación de inseguridad que no se puede negar como lo ha hecho el gobierno anterior y éste. Y luego se manejaron con tanto oportunismo que generó más necesidad de demostrar, de esta forma terminó siendo contraproducente porque vamos a salir de esta con una lógica demagógica-punitiva  que no va a resolver el problema sino que lo va a agravar”. Sobre esta última cuestión puntualizó que “lo vemos cuando hacemos visita con la Defensa Pública a los lugares de detención y trabajos de campo con la Cátedra de Criminología de la Universidad y es que se han expandido las torturas y los malos tratos en la Provincia de Santa Fe y los casos se conocen cuando alguien los va a buscar o las víctimas tienen alguna pertenencia a cierta organización social y/o política, como en el último caso de la ciudad de Santa Fe, y tienen cierto respaldo para denunciar situaciones muy graves. Esto se va a agravar porque este clima que se está viviendo son los que habilitan las peores prácticas y hay viento de cola para lo peor”.