En una nota anterior nos preguntábamos qué hace falta para garantizar la vida de un adolescente en la provincia de Santa Fe. El caso de B.F., más allá de la gravedad personal que conlleva ya que estamos hablando de la vida de un adolescente, se  torna paradigmático para estudiar la desidia, negligencia, complicidad, de los diferentes sectores del Estado santafesino que, a pesar de una retórica insistente que presenta una formalidad de defensa de los Derechos Humanos, en los hechos concretos, es decir, cuando hay que poner medidas, establecer acciones, para que de la retórica se pase a la protección efectiva es ahí donde naufragan las mejores intenciones discursivas.

Por la sumatoria de hechos que son de público conocimiento y que hemos planteado en reiteradas ocasiones, el caso de B.F. Motivó -debido a la gravedad y urgencia- una medida cautelar de la CIDH de la cual, desde la Defensa Pública, nos ocupamos inmediatamente por las causas expuestas de gravedad y urgencia en hacerlo llegar a todos los poderes del Estado santafesino, la lista es larga.

-El senador Lisandro Enrico, presidente de la Comisión de DDHH del senado santafesino

-La diputada Alicia Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara de diputados santafesina

-El Ministro de Desarrollo Social, contador Jorge Álvarez

-El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Silberstein

-El Ministro de Seguridad, Lic. Maximiliano Pullaro

-El Fiscal General de la Provincia y titular del Ministerio Público de la Acusación Dr. Julio de Olazábal

El senador Enrico respondió con una nota poniéndose a disposición  mientras, simultáneamente, preparaba el pedido de destitución al Defensor Provincial por hacer estas cosas, interceder a favor de un adolescente en riesgo de vida.

La diputada Gutiérrez no respondió, tampoco lo hicieron el Ministro Silberstein y el Fiscal General  de Olazábal. Así y todo, y debido a las gestiones realizadas por esta Defensa Pública se hizo una reunión de la que participaron la Directora Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Alicia Giménez; el Subsecretario Provincial de DDHH Ramón Verón; el Secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la madre de B.F. y el Defensor Provincial. De todos los puntos del acta acuerdo que ahí se suscribió ninguno fue cumplido.

Uno de eso puntos que se comprometió el Subsecretario de DDHH, Ramón Verón, fue en solicitar al Ministerio Público de la Acusación la acumulación de las causas, ya que uno de los contenidos de la medida cautelar de la CIDH es informar sobre las acciones investigativas llevadas a cabo de acuerdo a este hecho.

Acá sí estamos frente a una causal de mal desempeño del Ministerio Público de la Acusación que a pesar de haber sido notificado y, creemos, hablado por el Subsecretario de DDHH no cumplió con la medida cautelar de la CIDH a la que está obligado. De  todos los hechos denunciados el avance de la investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación es nulo, tampoco se han acumulado las diferentes causas y se le impide a la víctima constituirse como querellante, pero lo peor es que el propio Estado santafesino, a través de sus jueces y fiscales, obstaculizó y continúa haciéndolo, el ejercicio del derecho de B.F. a la protección judicial efectiva, ni a una adecuada rehabilitación en relación al daño físico y psíquico resultante de haber sufrido en su cuerpo y alma la violencia institucional disparada por el Estado reiteradamente.

La pregunta que tendríamos que hacerle a los diferentes actores del Estado santafesino es porqué no les importa la vida de B.F. , acaso no vale, es de otra “calidad”? La Declaración Universal de los DDHH dice en su art. 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)” y cuando dice todos, no está diciendo la totalidad de los miembros del conjunto, sin ningún tipo exclusión, que es precisamente lo que el Estado santafesino no entiende, no quiere entender o directamente no le interesa. Seguramente aparecerán excusas de todo tipo, el exceso de  trabajo, cuestiones que se consideran más urgentes o importantes, la pretensión de arreglar los “grandes temas”, cuando sólo se trata de poner a resguardo la vida de un adolescente en peligro víctima del propio Estado.

En este contexto, el adolescente B.F. volvió a ser detenido -supuestamente por averiguación de antecedentes- lo que motivó la presentación de un habeas corpus por parte de esta Defensa Pública el que fue rechazado "in limine" por la jueza Hebe Marcogliese.

El lunes pasado se iba a llevar a cabo la audiencia de constitución de querellante por parte de la Defensa Pública, en la cual la mamá de B.F. no pudo hacerse presente por motivos de salud y la fiscal Marisol Fabbro se negó a reconocer el carácter de querellante de la Defensa Pública posponiéndose la audiencia. Cabe destacar que la fiscal Fabbro es la misma que debería estar investigando al ex policía Hugo Fernández -fue el que disparó sobre BF- esta causa se encuentra paralizada desde junio de 2015 y fue la que sugirió como hipótesis a investigar que Gerardo "Pichón" Escobar se había tirado solo al río. Pero, como siempre, insistiremos -tozudamente- en la constitución como querellante de BF en la causa. Ahí veremos como continúa esta saga tragicómica de la administración de justicia en Santa Fe. Mientras tanto, en este verdadero “reino del revés”, es por hacer estas cosas que quieren llevarse puesto al Defensor Provincial en un proceso viciado de ilegalidad y arbitrariedad desde su comienzo.

(en archivo adjunto se encuentra la notificación remitida al Fiscal General)

Adjunto: nota a de Olazábal.JPG